Otra masacre en El Salvador cumple 40 años sin justicia para las víctimas

La masacre de El Calabozo, en la que el Ejército de El Salvador asesinó en 1982 a más de 200 personas civiles en el marco del conflicto armado interno (1980-1992), cumple este lunes 40 años de haberse perpetrado sin que los familiares de las víctimas y sobrevivientes tengan justicia y conozcan la verdad de los hechos.

Esta masacre, ocurrida en el lugar conocido como El Calabozo y ubicado en el cantón Amatitán Abajo en el municipio de San Esteban Catarina, a 70 kilómetros de San Salvador, fue ejecutada el mismo año en que las Fuerzas Armadas perpetraron la matanza de cientos de civiles y la desaparición forzada de más de 150 niños en la llamada «guinda (escape o carrera) de mayo».

La matanza de 1,000 campesinos en la remota localidad de El Mozote y la masacre La Quesera, en las fuerzas estatales masacraron a más de 500 civiles, fueron perpetradas en 1981 y también cumplieron 40 años sin justicia.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un «vasto operativo militar antiguerrillero» con unos 6,000 hombres que terminó el 22 de agosto de ese año con la masacre de El Calabozo.

De acuerdo con expertos, la intervención militar en esta zona del país fue mayor a la realizada durante la masacre de El Mozote.

Un proceso “muy difícil”

El abogado David Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos en El Salvador, dijo este lunes a Efe que el Tribunal de Primera Instancia de la localidad de San Sebastián preside un proceso penal en contra de al menos cuatro mandos militares, supuestos responsables de la masacre.

Morales señaló que el proceso, al que catalogó de «muy difícil», es en contra de los militares Sigifredo Ochoa Pérez, Miguel Méndez, Rafael Bustillo y otros comandantes como Domingo Monterrosa -ya fallecido-.

«La mayor dificultad que se ha enfrentado en este proceso es el acceso a la información de archivos militares históricos», así como ha sucedido en la causa penal de la masacre de El Mozote, indicó el letrado.

Recordó que el presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, Rene Merino Monroy, impidieron el acceso al exjuez Jorge Guzmán -quien conocía el proceso penal por la masacre de El Mozote- a las unidades militares para revisar archivos.

Existe, de acuerdo con Morales, un «patrón sistemático de negación de la información o enviar información que no es útil cuando los jueces o fiscales requieren de documentos militares».

Apuntó que en el caso del proceso por la masacre de El Calabozo se cuenta «prueba testimonial fuerte» y «creemos que la existencia de la masacre está muy clara».

El abogado explicó que la causa se encuentra en la etapa de instrucción, lo cual «es lamentable», porque «sigue en etapa de investigación a 40 años» de lo sucedido.

Señaló que desde 2016 -cuando comenzó el proceso luego de la anulación de una ley de amnistía de 1993- a la fecha «ya han declarado un aproximado de 17 personas».

«Son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no son aplicables amnistías, prescripciones, ni otro tipo de figuras similares», subrayó.

Política “deliberada de exterminio”

Morales relató a Efe que la masacre de El Calabozo se trató del «exterminio de más de 200 personas, durante un operativo fue muy grande, denominado Mario Acenon Palma», un teniente coronel.

«Recordemos que estas masacres, estos exterminio de gran cantidad de población civil, como El Mozote, La Quesera, El Calabozo, entre otras, respondieron a una política militar deliberada de exterminio de civiles con fines contrainsurgentes. Fueron planificadas desde el más alto nivel (del Ejército)», apuntó.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, «existen pruebas suficientes que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallón Atlacatl, otras unidades de infantería, artillería y con apoyo aéreo, dieron muerte deliberadamente a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia».

A pesar de las denuncias públicas del hecho, las autoridades salvadoreñas negaron los hechos. Aunque expresaron haber hecho una investigación, no existe rastro alguno de su existencia, señala.

Agrega que «la masacre de El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos».