SANTIAGO. – El Ministerio Público investiga a más de 30 personas, incluyendo a tres extraditables, involucradas en el entramado criminal desmantelado con la Operación Falcón, el cual se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, el tráfico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
En la continuación de la audiencia de presentación de la solicitud de coerción contra 23 de los imputados, encabezada por la jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, el Ministerio Público concluyó con la presentación de hechos que sustentan la medida y la motivación para que el caso sea declarado complejo.
«El Ministerio Público mañana dará las conclusiones con respecto a esta parte de la solicitud de medida de coerción. No obstante, en la solicitud en cuestión hemos establecido una prisión preventiva por 18 meses, como también la solicitud de declaratoria de complejidad del mismo, dadas las características propias de un caso de esta magnitud”, explicó la procuradora de corte Luisa Liranzo.
“El Ministerio Público presentó la mayor cantidad de pruebas que dan por acreditados los hechos”, indicó Liranzo.
De acuerdo con el análisis de inteligencia electrónica presentado por el Ministerio Público, la red criminal desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando ver, mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En la presentación de hechos de la solicitud de medida de coerción se establece como Erick Randhiel Mosquea, quien está prófugo, pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotráfico.
Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza de la red.
Además, se hace referencia a que compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares. El entramado criminal que se sostenía con dinero producto del narcotráfico se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba.
Además, lograban lavar dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
Esta red, que tenía su mando de operación en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del país.
Un punto neurálgico era el municipio de Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio.
La red podía observar todos los movimientos en las entradas y salidas, tanto terrestres como marítimas de Miches, así como en puntos del interior del municipio, desde el Coco Restaurant, donde tenían instalados 26 puntos de cámaras de vigilancia.
