SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en el Senado de la República un documento de oposición al Proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, afirmó el gremialista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios oligarcas, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Consideró que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los “servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través del proyecto de ley.
El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un «atentado al interés público».
Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de PUNTA CATALINA, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.
El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.
