La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, planteó ayer al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia que la acusación presentada en su contra es “falsa, incoherente y carente de la verdad”, por no decir “quiénes fueron los sobornados con los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber que pagado”
Los doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez consideraron que el acuerdo de la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht no dice en ninguna de sus páginas que Díaz Rúa recibió dinero por concepto de sobornos.
El juez Francisco Ortega Polanco receso la audiencia para el lunes a las 9 de la mañana, a los fines de continuar con la réplica a la acusación con la defensa del imputado, quien tiene un plazo de cinco días para presentar sus argumentos de defensa, al igual que los demás imputados. La defensa de Díaz Rúa alega que el Ministerio Público cometió un error al no analizar los contratos ni los movimientos bancarios del exfuncionario del Gobierno, por lo que entienden el juez no debe enviarlo a juicio de fondo y, por consiguiente, dictar a su favor un auto de No Ha Lugar.
Señalaron que Díaz Rúa no estaba en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en ninguna de las etapas mencionadas en el expediente y que adendas y declaración de emergencia no son delitos sino actos administrativos.
Reclama que el Ministerio Público diga quiénes recibieron los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado a funcionarios a cambio de asignaciones de obras del Estado. Valerio alegó, mientras presentaba una lista de 75 obras construidas por la constructora de su cliente, que su llegada a la política es fruto de su éxito en la vida privada.
