Las nuevas autoridades del Defensor del Pueblo toman hoy posesión tras ser electas el pasado jueves por el Senado y juramentas ayer en el Congreso Nacional, a dos años de vencer la primera gestión designada en mayo del 2013, presidida por la abogada Zoila Martínez Guante.
La campaña política que se desarrollaba en el país desde el 2019, con miras a la celebración de las elecciones del 2020 y la declaratoria en marzo del estado de emergencia, a causa de la pandemia del Covid 19, contribuyeron a retrasar la elección.
Esa tardanza motivó acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que están pendientes de fallo, en las cuales se alega subversión del orden constitucional, al dejar pasar los plazos que establece la Carta Magna.
Cuestionamientos
Se cuestionó la facultad del Congreso Nacional de continuar con el procedimiento para la elección del Defensor del Pueblo, después de haber perimido el plazo constitucional para hacerlo, contenido en el artículo 192 de la Constitución.
Conforme a ese mandato, la Cámara de Diputados tenía que escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y someterlas ante el Senado en un periodo que no exceda los 15 días siguientes a su aprobación. Y el Senado debía efectuar la elección antes de los 30 días siguientes.
“Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados”, señala el párrafo del artículo 92 de la Carta Magna que invocaron los accionantes.
El 14 de mayo del 2021, seis aspirantes a Defensor del Pueblo interpusieron un recurso contencioso ante el TSA, mediante el cual pidieron se ordene al Congreso Nacional abstenerse de continuar con el procedimiento de la elección del Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos.
El recurso fue interpuesto por Félix Antonio Cruz Jiminián, Francisco Núñez Cáceres, Miguel Ángel Fidel, Virgilio Feliz Almánzar, José Cristophers Ramírez y Fredermiro Ferreras.
Antes, el 6 de septiembre del 2020, el abogado Pedro Bautista Castillo sometió ante el Tribunal Constitucional una acción de extrema urgencia, en la que solicitó reconocer que conforme al artículo 192 de la Constitución, los plazos concedidos a la Cámara de Diputados, después de la evaluación de los aspirantes a Defensor del Pueblo, han perimido, y que por vía de consecuencia, compete al Pleno de la Suprema Corte de Justicia continuar el proceso y presentar las ternas al Senado.
Luego, en octubre de ese año, intimó a la Cámara de Diputados para que se abstenga de seleccionar las ternas de aspirantes a Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos hasta tanto el Tribunal Constitucional (TC) decida la acción de inconstitucionalidad.
En la acción, pidió al TC que se pronuncie sobre la perención del plazo constitucional que tiene la cámara baja para escoger las ternas y que habilite a la Suprema Corte de Justicia para seguir con el proceso.
Las cámaras legislativas continuaron con el proceso y el pasado jueves escogieron al abogado Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo; a Roberto Carlos Quiroz Canela, primer suplente; Miguel Antonio Puello, segundo suplente; Ana Leticia Martich Mateo, primera adjunta y Darío Antonio Nin, segundo adjunto. Ejercerán sus funciones por 6 años.
Juramentados
Pablo Ulloa, nuevo Defensor del Pueblo, dos adjuntos y dos suplentes fueron juramentados ayer por el Senado en el Congreso Nacional.
Ulloa dijo que asume este reto junto a un equipo que está dispuesto a hacerlo bien y respetar la dignidad humana.
Expresó que su gestión estará basada en tres pilares fundamentales: Garantismo, educativo y organizacional.
