Con la designación de juez especial para conocer sobre las imputaciones de narcotráfico y lavado de activos que pesa contra tres diputados involucrados en la Operación Falcón se abre el escenario para que se levante la inmunidad parlamentaria que protege a esos legisladores.
El levantamiento de la inmunidad, que puede solicitarla el Ministerio Público al Congreso o durante la etapa investigativa por decisión de un juez designado, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, aun en el caso de que los propios imputados decidan renunciar a esa prerrogativa.
Además del privilegio de jurisdicción que les otorga la Constitución a los congresistas, la inmunidad les protege de ser apresados durante el proceso investigativo, por lo que las acusaciones en su contra pueden ser conocidas en libertad, al menos, mientras está abierta la legislatura. La Constitución dominicana establece que “ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.
De acuerdo con el Manual de Procedimiento Legislativo, el requerimiento para el retiro de la inmunidad a un diputado debe ser solicitado por la autoridad judicial competente, mediante auto o sentencia.
Hasta el momento no ha trascendido que el Ministerio Público haya tramitado esa solicitud a la Cámara, por lo que tal decisión puede recaer en el juez especial que designe la Suprema Corte de Justicia.
Ese tribunal designó ayer, mediante el Auto 16-2021, emitido por su presidente Luis Henry Molina Peña, al magistrado Napoleón Estévez para conocer el caso de los diputados involucrados en la Operación Falcón.
Este mismo magistrado es el juez de instrucción especial que había sido designado para llevar el caso de Rosa Amalia Pilarte López, la diputada por la provincia La Vega que también es investigada por supuestos vínculos con el narcotráfico, en una supuesta red en la que su esposo Miky López es señalado como el cabecilla.
En la Operación Falcón hay vinculados de forma directa tres diputados, a quienes les imputan, provisionalmente, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Se trata de los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, (Partido Revolucionario Moderno -PRM- de Santiago), quien, de acuerdo con lo que plantea la solicitud de medida de coerción, habría recibido financiamiento para su campaña por más de nueve millones de pesos de parte del supuesto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, Erick Randhiel Mosquea Polanco.
También el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Darío Féliz Féliz, a quien el Ministerio Público acusó públicamente de movilizar en su vehículo al extraditable Juan José de la Cruz Morales, supuestamente con fines de sustraerlo de la investigación. En el vehículo del legislador, retenido por las autoridades, habrían ocupado varias joyas, incluidos relojes y anillos de alta gama.
El diputado, también conocido como (Pirrin), manifestó ayer que está preparado para hacer frente a las acusaciones del Ministerio Público en el marco de la Operación Falcón, al tiempo que sostuvo que ese órgano deberá resarcir su honorabilidad.
Indicó que irá “a donde quiera ahí estamos sueltos”, además de expresar lo difícil de ese proceso para sus familiares.
La otra legisladora, la diputada Faustina Guerrero Cabrera, (del PRM), surgió en el caso luego de que se presentara la solicitud de designación de juez especial y, hasta el momento, se desconocen los hechos exactos por los que se le acusa.
Sin embargo, su esposo, el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, fue uno de los apresados la semana pasada cuando se conoció de los operativos del caso Falcón, que abarcó inicialmente a 21 personas, aunque luego se sumó el arresto de otras tres.
A Maldonado Castro el Ministerio Público lo señala como socio y coautor de las acciones de Juan José De La Cruz Morales, señalando que es gerente de dos de las estaciones de combustibles que son usadas para lavado de activos, según la solicitud de medidas.
La solicitud de designación de juez especial fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en la tarde del miércoles.
“La Suprema Corte de Justicia, luego de recibir a las 4:45 de la tarde el expediente denominado “Falcón”, designó al magistrado Napoleón Estévez para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General”, dice la Suprema en una nota de prensa.
