El exprocurador Jean Alain Rodríguez va hoy a la Corte de Apelación en busca de que se varíe la medida de coerción que le envió a Najayo de forma preventiva mientras es investigado por la Operación Medusa.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y en ella la defensa de Rodríguez pretende convencer al tribunal de que este no se sustraerá del proceso, ni obstruirá la justicia y se presentará a todas las citaciones que le hagan como parte del caso.
Rodríguez es representado por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y José Martínez Hoepelman. Como garante la defensa presentó a al empresario Moisés Augusto Enrique Franco.
Este fin de semana la barra de defensa comenzó en redes sociales bajo la etiqueta #AbsurdosMP con la que buscan demostrar ante la opinión pública que la acusación contra el exfuncionario es una venganza y un absurdo.
La primera pieza de la que echaron mano fue los sanitarios instalados en las cárceles construidas durante la gestión de Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República, citados en el expediente como parte de las supuestas irregularidades en la que incurrió su administración.
En esta la defensa cita una parte de la acusación sobre los vicios ocultos que supuestamente se habrían detectado en la cárcel La Nueva Victoria.
Citan el expediente en su páginas 16 en la que los investigadores refieren que el tipo de inodoro comprado para el recinto carcelario es deficiente. “Deficiencia de agua en el manejo de los inodoros instalados, por tener mayor consumo por el tipo de aparato sanitario”.
Este domingo Rodríguez cumplió 60 días recluido, dio a conocer la defensa para luego agregar que contra este pesa una pena anticipada consecuencia del populismo penal que impulsa el órgano persecutor del delito. “Esta medida está basada en violaciones a la Constitución, en ilícitos penales y faltas disciplinarias que con saña y maléfica intención se han desplegado en su contra”.
“En el país se está dando la tendencia de que los investigados son juzgados primero ante el tribunal de la opinión pública, carente del conocimiento de los expedientes, de las pruebas y del debido proceso. Es una tendencia peligrosa, que compromete y amenaza las decisiones judiciales, poniendo en riesgo los derechos constitucionales de los ciudadanos, ya que los jueces se ven presionados de tomar decisiones apegadas a la ley para evitar ser juzgados impopularmente en la opinión pública”, afirmaron.
