Ayer, la ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela.
Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares.
Hoy, en un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU, se dieron más detalles del esquema criminal de Díaz y su marido.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, de 54 años, un empresario multimillonario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión.
Gorrín pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.
La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados, yates y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida.
Raúl Gorrín, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores
“Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa lavaron los sobornos que recibió Díaz como Tesorero Nacional de Venezuela”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU.
“Díaz abusó de su posición como funcionaria pública para llenarse los bolsillos con más de cien millones de dólares, que ella y sus cómplices gastaron en aviones y yates privados y lavaron a través del sistema financiero estadounidense. Ya sea en el país o en el extranjero, la División Criminal y sus socios están comprometidos a combatir enérgicamente el soborno y responsabilizar a los funcionarios corruptos”.
“Desafortunadamente, las personas en posiciones de poder y confianza pública a veces rompen esa confianza y usan su poder para obtener ganancias egoístas”, dijo el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Nos mantendremos alerta en nuestra lucha contra la corrupción y enjuiciaremos a los culpables en toda su extensión”.
El juicio
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera.
Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El caso del gobierno se sustentó en buena medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro: Alejandro Andrade, quien declaró desde el estrado que Díaz continuó con el acuerdo financiero que él había concretado en un principio con Gorrín.
Al igual que Díaz, Andrade, un ex agente de seguridad presidencial, sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en la política venezolana, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.
Salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por su participación en un ardid para canalizar millones de dólares de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de exhibición y varios relojes Rolex y Hublot.
El juicio se produjo en momentos en que las relaciones usualmente hostiles entre Estados Unidos y Venezuela comienzan a descongelarse después de un periodo de “máxima presión” durante el gobierno del presidente Donald Trump para destituir al mandatario Nicolás Maduro.
Más recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden relajó las sanciones petroleras en contra de la nación sudamericana perteneciente a la OPEP, permitiéndole a la compañía estadounidense Chevron reanudar su producción en Venezuela luego de más de tres años para apoyar las incipientes negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Pero las investigaciones penales en marcha en contra de miembros del gobierno de Venezuela siguen bajo el microscopio en el sur de Florida, donde residen millones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyeron de gobiernos izquierdistas en sus países de origen.
