Inversiones en bienes raíces, vehículos de alta gama y hasta compañías de carpetas, eran algunas de las maniobras que usaban los imputados en la Operación Larva para disfrazar las ganancias obtenidas del narcotráfico de acuerdo a la solicitud de medida de coerción.
Según el Ministerio Público los acusados poseían cuantiosos bienes los cuales no podían justificar de acuerdo a los ingresos que registraban de manera legal.
El documento indica que en los diferentes allanamientos practicados en los domicilios de cada uno de los imputados se ocuparon maquinas contadoras de billetes, una balanza, laptops, disco duro externo, Verifone, Celulares y relojes entre otros hallazgos.
De acuerdo al MP, los acusados invertían las ganancias obtenidas producto de las actividades ilícitas mayormente en el sector inmobiliario, adquiriéndolas a través de familiares en las localidades del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Además, utilizaban compañías fantasmas, vehículos de alta gama y armas de fuego de diferente calibre.
La presunta red también se habría dedicado al fraude con cheques y tarjetas de créditos, según una conversación vía telefónica obtenida por las autoridades.
El Órgano Persecutor dice que varios de los encartados realizaron una cantidad sospechosas de viajes al extranjero y citan como ejemplo a Manuel Alejandro Puig Pérez, que según la Dirección General de Migración registra 109 movimientos migratorios, muchos de ellos con salida y sin entrada al país.
El Ministerio Público solicitó en la medida de coerción que el caso sea declarado complejo y prisión preventiva por un espacio de 18 meses, porque de esta forma se garantizan los fines procesales.
