Por Trajano Santana
Recientemente, un diputado dominicano fue involucrado en el tráfico de drogas y apresado en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos.
Cada cierto tiempo surge una figura conocida del ámbito político en esta práctica y se encienden las alarmas. Por no hacer más que sonidos en la opinión pública, el mal sigue agravándose y podemos asegurar que hoy está permeando ampliamente otros sectores sociales y políticos.
La incursión del narcotráfico en la actividad política se manifiesta de diferentes maneras. En algunos casos, a través de aportes económicos cuantiosos a las campañas electorales de los candidatos presidenciales, congresuales y municipales.
En otros casos, las personas ligadas al tráfico de estupefacientes se postulan para cargos en el Congreso Nacional o en los ayuntamientos, hecho que resulta una gran burla para el electorado.
En ocasiones, auspician a figuras vinculadas con esa práctica delictiva.
En materia de los delitos que contravienen las normativas legales vigentes, en el orden penal y criminal, no pasamos de detenciones y sometimientos. Solo a veces hay sanciones.
El liderazgo político debe hacer conciencia, estar muy alerta y depurar muy bien sus fuentes de ingresos y financiamientos, pues el sistema es limpio y sano aún, aunque no por mucho tiempo.
Es imprescindible dotar al país de un marco institucional que evite que, impunemente, continúen reproduciéndose estos crímenes y delitos contra la ciudadanía, usando de instrumento la participación electoral y a los partidos.
El país tiene un débil sistema político y una población que, mayoritariamente, rechaza a los verdaderos activistas, gestores sociales, dirigentes y líderes políticos, para preferir a advenedizos y aventureros que llegan a los partidos en cada campaña electoral y son preferidos por sus millonarias ofertas de aportes y financiamientos de las campañas.
Luego, esos candidatos aparecen con altas votaciones y son aplaudidos, incluso por los medios de información. ¡Qué barbaridad!
Antes de la reforma del sistema político y electoral de 1994, que fue fruto de una grave y peligrosa crisis, generada por el colosal fraude en las urnas que denunció el extinto doctor José Francisco Peña Gómez, entonces candidato presidencial y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), los partidos y movimientos políticos se financiaban de las mismas formas que ahora, exceptuando el financiamiento que otorga el Estado, a través de la Junta Central Electoral.
En esa época, el financiamiento estatal se hacía de manera discrecional, a través de facilidades y exoneraciones selectivas que hacía el Poder Ejecutivo.
Se trataba, esencialmente, de exoneraciones de vehículos, asignaciones de apartamentos y equipos de campañas que, regularmente, favorecían al partido en el Gobierno.
Parte de esa corruptela persiste en nuestros días. Desde entonces, se avizoraban inversiones de dudosas fuentes, presumiblemente, del narcotráfico.
La mejor forma de evitar la entrada de esos financiadores a los partidos políticos era mediante el financiamiento económico del Estado a esas organizaciones, como en otros países de mayor control y organización social.
Habrá que crear un marco legal distinto e institucional para regular dicha inversión, cuyo único objetivo es fortalecer el sistema político y la democracia.
