SANTO DOMINGO. -El movimiento cívico Participación Ciudadana cuestionó hoy a la comisión del Senado de la República que estudió el Proyecto de Código Penal y la acusó de rendir un informe favorable sobre la pieza sin tomar en cuenta a las organizaciones y ciudadanos que hicieron propuestas sobre su contenido.
Expresó que los senadores comisionados tampoco tomaron en cuenta “las importantes observaciones” al proyecto de la Procuradora General de la República, Miriam Germán.
Manifestó que los legisladores aludidos “violentaron el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución, el cual implica el derecho de ser escuchado y tomados en cuenta al momento de que se asuma una decisión sobre asuntos que les afectan”.
Consideró que corresponde ahora al Pleno del Senado “asumir la responsabilidad histórica frente al país de no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”.
Las tres causales
Hablando rueda de prensa, la entidad calificó de absurdo que se argumente la urgencia de modernizar el Código Penal y al mismo tiempo se penaliza el abordo sin tomar en cuenta cuando la vida de la madre corre peligro, si el embarazo ha sido resultado de una violación o incesto y cuando el embrión viene con una malformación incompatible con la vida.
Aseguró que esas tres excepciones han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo.
Advirtió que el Estado está obligado a proteger la dignidad, la integridad, la libertad, la seguridad personal y el libre desarrollo de la personalidad a la mujer.
En ese sentido, aseguró que “corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines”.
Explicó que se trata de un tema que afecta la salud y la vida, sobre todo de las mujeres más desfavorecidas, que están en una condición de total indefensión.
Pidieron al presidente Luis Abinader que observe el Código Penal si es aprobado en mismas condiciones que en la Cámara de Diputados, porque “las leyes deben garantizar los derechos de todos y todas sin distinción”.
