SANTO DOMINGO.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo hoy que la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de ordenar la aplicación del voto de arrastre entre senadores y diputados en las seis demarcaciones territoriales con el mayor peso electoral del país, y no en todo el territorio nacional, como manda la ley, viola la Constitución de la República y la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral.
En rueda de prensa en la sede principal del PRSC, en la que el presidente de la organización, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), sirvió de vocero, sostienen que la decisión del Pleno de la JCE, “crea un funesto precedente que junto a otras inconsistencias observadas en sus últimas disposiciones, colocan en grave peligro la realización de elecciones justas, equitativas y transparentes para el próximo año”.
“Repudiamos esta irresponsable decisión y anunciamos que será recurrida ante todos los estamentos nacionales e internacionales que nos permite el actual estado de Derechos”, resaltó.
Explicó que nunca en la historia electoral dominicana se había observado que una misma norma se aplicara de forma distinta dependiendo del territorio.
“Es como si dijéramos que la violación a un artículo del Código Penal es válido en una provincia e invalido en otra”, apuntó.
Quique Antún siguió diciendo que la decisión de la JCE vulnera la ley, interpreta erróneamente el artículo 104 de la Ley 15-19 “e inicia un peligroso camino de descalificación como ente organizador y regulador de las próximas elecciones”.
Indicó que la implementación del voto de arrastre en una parte del país y en otra no es inentendible e inaceptable, “por lo que demandamos su rectificación, ya que las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos y no para una parte de la población”.
El líder reformista resaltó en sus declaraciones que la JCE acaba de hacer una aplicación dicotómica de la ley 15-19.
“Las leyes no se interpretan sino que se aplican; y mucho menos, se aplica de una forma distinta en el mismo ámbito territorial”, señaló.
Sostuvo que las seis demarcaciones donde se aplicará el voto de arrastre representan el 57% del total de diputados provinciales, más del 58% de todos los colegios electorales del país y el 59% de todos los electores del país, “lo que indica que 6 de cada diez votantes lo harán bajo el sistema del voto de arrastre, pese a que el mismo fue eliminado entre senadores y diputados”.
Por tanto –agregó- la JCE ha jugado con la inteligencia del dominicano, porque el hecho de que hayan individualizado la implementación del voto de arrastre, demuestra que el Pleno de la JCE está convencido de que la Ley creó cuatro niveles de elección, pero ellos se parcializan para complacer a un grupo de senadores del PLD, con lo que evidencian que han perdido legitimidad para arbitrar el próximo proceso electoral, a menos que no rectifiquen de inmediato.
El presidente del PRSC anunció que comenzarán desde hoy mismo a exponer ante organismos internacionales, la grave situación de inseguridad jurídica que afecta el próximo proceso electoral.
“Como parte de esta gestión, la Organización Demócrata de América Latina (ODCA) ha emitido una resolución que también entregaremos aquí hoy y lo propio comenzarán a hacer otras instancias políticas del mundo”, dijo.
Manifestó que estarán vigilantes “y no cejaremos en nuestra lucha para garantizar que las próximas elecciones sean la expresión libre y soberana del pueblo y no el resultado de conciliábulos de aposentos o del control que ejerce el partido de gobierno en la mayoría de los estamentos de Poder del país”.
Señaló asimismo que con árbitros parciales, que quieren aplicar la Ley a su antojo, permitiendo campaña a destiempo, gastos excesivos que ya superan los topes permitidos por la Ley, y estructurar Juntas Electoras parciales al PLD, “es imposible que pueda surgir algo bueno del próximo proceso electoral”.
El líder de los reformistas llamó a la sociedad civil, a las iglesias, al sistema de partidos no comprometido con estas violaciones, a líderes sindicales, gremiales, al empresariado y otras instancias del pueblo, a pronunciarse y demandar de la Junta Central que ajuste sus decisiones a las normas de transparencia, equidad y apego absoluto a la Ley.
Indicó que un proceso electoral no puede quedar entrampado en juegos polisémicos, “ni bifurcaciones, sino sujeto estrictamente a la seguridad jurídica, por lo que esta decisión nos deja en la nada y solo Dios ha sido capaz de hacer el mundo a partir de la nada”.
“El país no resiste más crispaciones. O marchamos en paz hacia un proceso electoral igual para todos, o nos encaminamos al caos, la ingobernabilidad y la desobediencia civil”, dijo finalmente Quique Antún.
