TRAJANO SANTANA S
Desde que se instalaron las nuevas autoridades del país, encabezadas por mi querido amigo el presidente Luis Abinader, 16 de agosto del 2020, se madura la idea de una reforma tributaria.
Esa reforma, impulsada por el Gobierno, no debe ni puede ser un golpe más a las clases media y a pobre del país, porque podría generar manifestaciones y protestas como las que se escenifican en Colombia, las cuales llevaron al presidente de ese país, Iván Duque, a retirar el Congreso el paquete de medidas tributarias.
A pesar de eso, las protestas siguen y han provocado decenas de muertos, casi mil heridos, cientos de presos y más de 400 desaparecidos, en medio de una polarización de los sectores políticos.
Las reacciones de rechazo a la brutalidad policial y la desproporción en el uso de las fuerzas no se han hecho esperar.
Las reacciones en contra de ese estado de cosas vienen de los colombianos, de los gobiernos de otras nacionales, del sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
¿Por qué no se detienen las movilizaciones y reclamos del pueblo colombiano, si el Gobierno retiró sus propuestas de golpear con más impuestos a la población?
Lo cierto es que ese descontento social viene acumulándose por mucho tiempo.
A pesar de su estabilidad macroeconómica, su gran riqueza y potencial de posicionamiento global, Colombia es el segundo país de la región de América Latina con mayor desigual y acumulación de riquezas por parte de pequeños grupos élites, después de Brasil.
En las continuas violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y otros males reside la lógica operacional de los grupos guerrilleros que han actuado en esa nación por más de 60 años.
La pandemia agrava esa la situación con efectos colaterales en la economía global.
El año pasado, el Producto Bruto Interno (PIB) colombiano cayó casi el 7%, el desempleo subió a un 17% y cerca de 4 millones de ciudadanos cayeron en la línea de pobreza.
Que no olviden amigos del gobierno dominicano que los efectos económicos y sociales de la pandemia a penas inician.
Un proyecto para imponer más gravámenes al pueblo no es momento. Recomendamos desistir de ese propósito, por el bien de la nación.
No más impuestos es la consigna de la hora en La República Dominicana.
Ya esa intención se manifestó a final de año pasado, cuando el Gobierno Central introdujo al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos para este año 2021.
En ese proyecto se pretendió imponer un paquete de medidas absurdas, inoportunas, insensatas, temerarias, extemporáneas y carentes de sentidos común.
Solo el rechazo, la repulsa ciudadana inmediata cambio ese curso.
El momento es más crítico hoy día. Más bien, debemos pensar cómo vamos a reducir impuestos, los precios de artículos básicos, de los combustibles, generar empleos y mantener los subsidios, porque esa es la forma de dinamizar la economía dominicana.
El gobierno debe asumir un papel activo y de liderazgo a nivel regional y mundial para promover soluciones y paliativos globales que permitan amortizar las efectos negativos y colaterales que se suman a los que existían antes de la pandemia.
El gasto público debe ser de calidad, necesario y frugal, sin repartos clientelas, ejecutando las obras de más interés, sin sonidos mediáticos.
Si además de las alzas de los productos de consumos masivos, de la pérdida de empleos en el sector privado y cancelaciones indiscriminadas en el sector público sin pagos de las prestaciones laborales y otros compromisos contractuales, les vamos a cargar más impuestos al país, podríamos todos lamentar.
