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Participación Ciudadana dice falló la Justicia en casos Odebrecht, Súper Tucano y Tres Brazos

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SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico Participación Ciudadana dijo este martes que la sentencias del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso de los aviones Súper Tucano, el no ha lugar en la venta de Los Tres Brazos y el tratamiento al expediente por soborno Odebrecht siguen la misma ruta de impunidad que ha imperado siempre en el país “dejando mal parado al sistema de Justicia”.

“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia”, indicó.

“En el menor de los casos, fue una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló.
La posición fue fijada en rueda de prensa por los ejecutivos de esa instotición, Míriam Díaz Santana, Joseph Abreu y Leidy Blanco García.
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.

Joseph Abreu, coordinador general de la organización, expresó que la culpabilidad de los acusados ha sido tan evidente que, en el caso de la empresa Odebrecht, esta confesó la comisión de sobornos, declaró los montos y devolvió recursos al Estado.

Dijo que, en Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular, violando la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años.

“No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal”, siguió diciendo.

Dijo que Participación Ciudadana respeta la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.

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